La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
La Sala Penal del Tribunal Supremo decide por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
La querella está promovida por el colectivo Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, uno de los responsables del partido ultraderechista Fuerza Nueva. Con posterioridad presentan querellas la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española. La Fiscalía se manifiesta en contra y pide su archivo.
Sin embargo, otros se permiten el lujo de presumir por prevaricar.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, confesó en una entrevista en el programa de TVE, Lan noche en 24 horas" que "un alto cargo del PP me dijo que con la ley en la mano, sabían que AMAIUR podía formar grupo parlamentario propio, pero se lo denegamos. Ya se lo dará el Tribunal Constitucional, pero como pasarán tres años..."
Es un buen comienzo para los que pretenden llevar a cabo una profunda reforma de la justicia.
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